Cuando el 4 de abril de 1609 se decidió la expulsión de los moriscos de todos los territorios de España, tanto Felipe III como los miembros del Consejo Real eran conscientes de emprender una operación excepcionalmente compleja. Sabían que el número de esta minorías dispersada entre muchos reinos de la monarquía era alto, posiblemente entre 300.000 y 350.000, lo que representaba entre el cuatro y el cinco por ciento de la población total, que podemos evaluar en siete millones de personas.
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