A principios del siglo XX, cuando en EE UU y Gran Bretaña las mujeres se organizaban para luchar por su derecho al sufragio, la mayoría de las españolas estaba aún muy lejos de considerar su acceso a la plenitud de derechos políticos como un acuciante problema.
Varias circunstancias habían condicionado esta tardanza en la reivindicación del sufragio. De una parte, el retraso en la industrialización tenía anclada a la sociedad española en una economía fundamentalmente agrícola y tradicional, que no precisaba de los niveles de educación exigidos a las mujeres por el capitalismo fabril. De otra, la accidentada implantación de las doctrinas liberales en nuestro país, anatemizadas por el conservadurismo católico, no había facilitado en absoluto la formulación de las reclamaciones feministas.
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